Las personas con discapacidad se están viendo seriamente afectadas por las medidas de respuesta al coronavirus. Los riesgos a los que se enfrentan en este escenario de aislamiento obligatorio no han sido abordados de manera adecuada y resulta urgente la implementación de un plan de protección que los contemple.
“En principio, es muy difícil determinar si se están cumpliendo o no los protocolos que las distintas organizaciones internacionales han promovido respecto a la discapacidad. Tenemos que tener en cuenta que las discapacidades son diversas y como tales, requieren distintas atenciones, cuidados y prevenciones”, señaló Carlos Ferreres, secretario de Discapacidad de la CTA-A.
Por el momento, las salidas recreacionales para personas que atraviesan el espectro autista o discapacidades de tipo intelectual han sido las únicas medidas que trascendieron para este sector de la población, y luego de dos semanas de cuarentena.
El aislamiento trajo consigo dificultades que se sumaron al peligro de ser contagiado. Desde la falta de cuidadores y las dificultades económicas, hasta el no pago de los salarios a los prestadores de servicios en discapacidad, formaron un cocktail perfecto para comprometer aún más la salud emocional y la continuidad de los tratamientos de estas personas.
“No estuvieron a la altura de las circunstancias específicas de la discapacidad, con un desconocimiento absoluto de cómo proceder y hubo falta de políticas. Las autoridades de discapacidad en Argentina no son idóneas para enfrentar esta situación o planificar las políticas que son necesarias. Hay un problema de falta de conocimiento y previsión en lo que se refiere a las medidas a adoptar”, resaltó Ferreres.
En esta línea de reclamos se ubica también el de los Prestadoras y Prestadores Precarizados de Salud y Educación, quienes este viernes realizarán acciones de visibilización en redes sociales para exponer los contratiempos en el cobro por sus servicios y solicitar que se los convoque a una mesa de diálogo con las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud.
De acuerdo a lo establecido por la SSS, entre el 15% y el 20% de los aportes de los afiliados de las obras sociales nacionales se debería utilizar para cubrir los tratamientos de las personas con discapacidad. El procedimiento de pago, una vez presentada la documentación, no debería tardar más de 45 días, pero actualmente las obras sociales como las prepagas, demoran como mínimo 60 días en realizarlo.
“En principio, lo que reclamamos es que se termine de abonar lo trabajado durante 2019 porque todavía hay algunas obras sociales que no han pagado octubre, noviembre o diciembre. También el reconocimiento de la totalidad de tratamientos aprobados para este año que, por las medidas de aislamiento, muchos no se están pudiendo concretar y ese dinero que no se paga a los prestadores no sabemos a dónde va”, informó María Emilia Lobais, psicopedagoga y vocera de la agrupación de prestadores precarizados.
En este sentido, Ferreres agregó: “Es vergonzoso lo que se está pagando -cuando les pagan- a los cuidadores y todo lo que tiene que ver con las obras sociales en todos sus niveles, incluso el PAMI, que tienen atrasos significativos. Hay algunos que recién están pudiendo cobrar lo trabajado en diciembre de 2019”.
Sumado a la necesidad que tienen los prestadores de cobrar por su trabajo, la cuarentena los obligó a brindar sus servicios virtualmente, ya que no pueden concurrir a los centros de rehabilitación o atender en los domicilios a sus pacientes.
“Hay prestaciones que la obra social no está reconociendo y a su vez exige que las que se pueden brindar en este escenario sean las de cumplimiento efectivo, ya sea por videollamadas o alguna plataforma. Lo que sucede es que no todas las familias y no todos los prestadores cuentan con esta posibilidad o acceso a estas tecnologías. Es una medida bastante desigual”, enfatizó Lobais.
Otro reclamo es la inclusión de los acompañantes terapéuticos al nomenclador nacional, tan necesarios para la contención y el seguimiento de tratamientos de sus pacientes. “Discapacidad es un sector sumamente precarizado y lo que hizo la pandemia fue visibilizar el estado en el que nosotros nos encontramos. Es lo que viene pasando hace mucho, de hecho, hasta hace un par de meses no teníamos ni siquiera un Ministerio de Salud”, remarcó la psicopedagoga.
Dentro de los pedidos a elevar a la SSS se encuentra la intervención real del Estado en la regulación de las prestaciones en discapacidad para todas las obras sociales y prepagas, ya que siempre queda a criterio de éstas la autorización o no de prestaciones, y de cierta forma justifican el ajuste.
“Un ejemplo de esto es una obra social que pidió que la presentación de documentación para facturación sea presencial en plena cuarentena. Hay muchas irregularidades en las obras sociales y prepagas y esto es algo que el Estado permite al no intervenir directamente a través de organismos pertinentes, ya sea la Superintendencia de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad o el Ministerio”, dijo Lobais al respecto.
Y agregó: “Las obras sociales y prepagas se atribuyen la potestad de recortar o decidir qué tratamiento recibe el paciente o no cuando cada una de las prestaciones aprobadas tiene una orden médica detrás. Lo hacen sin tener un criterio terapéutico, es meramente económico y no se tienen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad”.
Finalmente, frente a este panorama de no contemplación de las necesidades de las y los discapacitados y de quienes trabajan en su asistencia, formar parte de las discusiones es un pedido urgente por parte de las y los prestadores de salud y educación. ”Somos parte interviniente directa en la atención a los pacientes. Queremos ser parte de las discusiones”, sentenció Lobais.
FUENTE: Canal Abierto
