En los primeros seis meses del año, 279 mujeres y personas gestantes accedieron a un aborto legal en la salud pública de Rosario. La cifra es casi un 60% más baja que el mismo período de 2019, cuando fueron 650. Si bien todavía es prematuro tener explicaciones de la baja, una de las hipótesis es que la pandemia pudo haber influido negativamente en el acceso de las mujeres al aborto legal. Apenas el coronavirus se expandió en el mundo, organizaciones internacionales y nacionales hicieron un llamado de atención a los Estados para que la atención de la salud sexual y reproductiva sea parte de las prestaciones esenciales, con el fin de evitar embarazos no deseados y abortos inseguros. La ONU publicó en abril un estudio que daba cuenta que por la crisis de la pandemia 47 millones de mujeres podían estar en riesgo de no tener acceso a anticonceptivos y se podían producir 7 millones de embarazos no planificados. En Rosario, cuando empezaron las medidas de aislamiento, una de las políticas fue priorizar la entrega de anticonceptivos en centros de salud y casa por casa. Además, buscaron que los abortos legales sean ambulatorios con pastillas y no en hospitales.
De acuerdo con el Área de Estadísticas de la Secretaría de Salud Pública de Rosario, en el primer semestre de 2020 hubo 279 interrupciones legales del embarazo (ILE), de las cuales 132 fueron a través de los centros de salud con el método medicamentoso de pastillas de misoprostol y 118 fueron en hospitales con la técnica de Aspiración Manual Endouterina (Ameu). Además, hubo un total de 29 internaciones, una cifra baja si se tiene en cuenta que hace una década todos los abortos eran con internación y la mayoría de las mujeres llegaba a las guardias de los hospitales con riesgo de morir por abortos hechos en condiciones inseguras. Los datos de este año muestran que actualmente casi el 90 por ciento de las ILE se resuelve de manera ambulatoria y con un seguimiento de profesionales de la salud.
Los primeros seis meses de 2020 registran una baja significativa en relación al mismo período de 2019, cuando accedieron a un aborto legal 650 personas gestantes, es decir un 57,8% por ciento más que en 2020. De ese número, 316 fueron con misoprostol y 243 con Ameu. Las internaciones fueron 91.
“El contexto de la pandemia puede haber influido negativamente en el acceso de las mujeres y personas gestantes a la ILE. Para corroborarlo son necesarios estudios científicos o esperar al análisis estadístico anual, que mostrará la cantidad de embarazos y cuántos fueron no deseados. Además, hay que tener en cuenta la tasa de uso de anticonceptivos, que en los centros de salud se vienen entregando con normalidad, incluso llevando casa por casa. Si el número de embarazos no deseados crece podría ser un indicador de las consecuencias de la pandemia, pero es necesario analizarlo en profundidad luego de pasado el tiempo necesario”, opinaron desde la Secretaría de Salud Pública.
Además, informaron que desde que empezaron las medidas de aislamiento por el coronavirus, los abortos legales siguen garantizándose con normalidad con algunas modificaciones. La primera recomendación es que las personas que quieran acceder a una ILE vayan a los más de 80 centros de salud barriales antes que a los hospitales para evitar un posible contacto con infectados. Los métodos anticonceptivos se entregaron con normalidad, tanto en los centros o a través de la visita médica a la casa.
Pandemia y derechos sexuales
En abril el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) difundió un informe sobre salud sexual y reproductiva y el efecto de la pandemia en la vida de las mujeres y personas gestantes. En casi 30 años, entre 1990 y 2018, en el mundo se duplicó la cantidad de mujeres que usan métodos anticonceptivos: pasó de 470 millones a 840 millones
Según el análisis, hasta marzo de este año 450 millones de mujeres utilizaban métodos anticonceptivos en 114 países de ingreso bajo y mediano prioritarios. La pandemia y el distanciamiento social, entre otras medidas para prevenir el contagio del coronavirus, generaron cambios en los sistemas de salud como alteraciones de las cadenas de suministro mundiales, la ocupación del personal clínico en la respuesta al Covid-19, limitación de servicios sanitarios, mujeres que no van a los hospitales por miedo a contagiarse, restricciones de circulación impuestas que se lo impiden, entre otros obstáculos.
Teniendo en cuenta estos factores, desde UNFPA estimaron que por la pandemia es probable que 47 millones de mujeres de 114 países no puedan acceder a anticonceptivos. Previeron que se producirán 7 millones de embarazos no planificados si el confinamiento se prolonga 6 meses y los servicios de salud experimentan interrupciones importantes. Por cada 3 meses que se mantenga el confinamiento, habrá hasta 2 millones más de mujeres que no puedan utilizar anticonceptivos.
Además, si el confinamiento se prolonga al menos durante 6 meses, se prevén 31 millones de casos más de violencia por razón de género. Se espera que, por cada 3 meses que prosiga el confinamiento, haya 15 millones de casos adicionales de violencia de género.
Según un estudio del Instituto Guttmacher, una disminución del 10% en el acceso a la atención por el impacto del Covid-19 en los países de ingresos bajos y medios causaría 3 millones de abortos en condiciones riesgosas. Además, con esta estimación calcularon que podía haber 15 millones de embarazos no deseados, 28 mil muertes de personas gestantes durante este año y 49 millones de personas tendrían insatisfechas sus necesidades en el acceso a los anticonceptivos.
Abortos en 2019
En total, en 2019 se registraron 1.054 abortos legales en la ciudad: 439 con pastillas y 490 con Ameu. Las internaciones fueron 125. Una vez más, los números dan cuenta de que casi el 90% de los abortos se resuelve de manera ambulatoria.
Los datos de 2019 muestran una leve baja en relación a 2018, cuando se debatió el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso Nacional. En 2018 hubo 1.312 interrupciones, un 40% más en relación a 2017. El incremento del año del debate se explica en la difusión en los medios que tuvo Rosario como una experiencia modelo de aplicación del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que junto con la provisión de misoprostol, fue la receta para que desde 2012 no haya muertes por aborto clandestino.
En Argentina el aborto está despenalizado en caso de violación y riesgo de salud desde 1921. En 2012 el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia reafirmó esas causales y solicitó al Poder Ejecutivo la elaboración de un protocolo para garantizar el acceso a los abortos legales en la salud pública y privada.
El Ministerio de Salud nacional lo hizo, pero sólo un tercio de las provincias de la Argentina lo cumplen. Rosario adhirió en 2012 y la provincia de Santa Fe en 2013, y después volvió a hacerlo en 2020 con el nuevo protocolo. En Rosario esta guía se aplica con un criterio de ampliación de derechos y se entiende a la salud como física, psíquica, emocional y social, tal como dice la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las técnicas usadas son las más seguras: pastillas de misoprostol que permiten abortar de manera ambulatoria hasta la semana 12 de embarazo y Ameu, que tampoco necesita internación.
