En plena pandemia de coronavirus, que causó más de 158.000 muertos en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro firmó anoche un decreto con el cual apuesta a iniciar la privatización del sistema público de salud, uno de los pilares de la Constitución de 1988, en el marco de su política para dar señales favorables al mercado financiero.
El presidente y el ministro de Economía, Paulo Guedes, firmaron un decreto publicado el martes por la noche para permitir que se estudien “alianzas con la iniciativa privada para la construcción, la modernización y la operación de unidades básicas de salud”, que serían las salas de primeros auxilios.
De esta forma, el Sistema Único de Salud, el sistema de salud público de Brasil, podrá estar incluido dentro del Programa de Proyectos de Inversión (PPI), el plan de privatizaciones del Gobierno que quedó trunco este año por la pandemia y la falta de apoyo masivo en el Congreso, incluso de la base bolsonarista.
“No se trata de delegar al privado las funciones del Estado, sino de mejorar la prestación de servicios”, dice el decreto.
El Sistema Único de Salud atiende al 75% de la población brasileña, ya que un cuarto de ella posee seguros privados de salud.
En Brasil, a diferencia de Argentina, no existen las obras sociales médicas de los sindicatos.
El decreto apunta a reducir la inversión pública en salud, en el marco del programa de ajuste del ministro Guedes, un ultraliberal de la escuela económica de Chicago que trabajó para la dictadura chilena de Augusto Pinochet, a la que pone de ejemplo de modelo a seguir para Brasil.
Guedes se quejó recientemente de los “acuerdos políticos” para mantener su gobernabilidad que le impiden llevar adelante su plan de privatizaciones, razón por la cual cuatro funcionarios renunciaron entre agosto y septiembre de su equipo de trabajo.
Dos empresas públicas gigantes como Eletropaulo y Correios, la más grande eléctrica y postal de América Latina, respectivamente, están en la fila para ser privatizadas, aunque la nueva composición del Gobierno de Bolsonaro, con apoyo de la derecha tradicional en e Congreso, carece de consenso sobre el tema.
El decreto privatizador de la salud se conoció luego del incendio que mató a tres personas internadas por Covid-19 en el hospital federal de Bonsucesso, en Río de Janeiro, cuya administración depende del Ministerio de Salud que no había cumplido los requisitos para tener un protocolo contra incendios.
La iniciativa fue fustigada por entidades médicas que apuntan contra la intención de “destruir” el sistema público de salud sin necesidad de reformar la Constitución.
“Si bien se habla de proyectos piloto, todo se inicia así, es la puerta abierta para la destrucción del sistema único de salud. Preocupa que no se haya consultado a las entidades”, dijo el presidente de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco), Gulnar Azevedo.
