Por Diario Judicial
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) acudió ante la Corte Suprema de Justicia para expresarle su preocupación por el “deterioro” en la gestión administrativa y prestaciones médicas de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
La entidad envió una nota al presidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, para hacerle saber las “falencias” que presenta en todo el país la cobertura médica y la “engorrosa burocracia” por la que atraviesan los afiliados para habilitas las diversas prestaciones.
“Es conocido por todos el éxodo de profesionales de salud que padece y que, los que aún quedan, en muchísimos casos relegan los turnos de los judiciales frente a otras coberturas médicas hasta hemos oído de requerimientos de pagos particulares a la manera de coseguro”, explicitó la nota firmada por Marcelo Gallo Tagle.
El documento hizo hincapié, asimismo, en el “déficit comunicacional” de la obra social y la “omisión de gestionar” e “informar” sobre gestiones para obtener un plan de vacunación contra el COVID-19 para los trabajadores judiciales que trabajan de forma presencial.
También advirtió los numerosos reclamos por la “forma deficiente y lenta en que se atienden y responden –o se omite responder- muchas de las autorizaciones para realizar cirugías y estudios específicos”, lo que, según explicaron, genera que “se pierdan los turnos acordados previamente para realizarlos”.
El documento hizo hincapié, asimismo, en el “déficit comunicacional” de la obra social y la “omisión de gestionar” e “informar” sobre gestiones para obtener un plan de vacunación contra el COVID-19 para los trabajadores judiciales que trabajan de forma presencial.
“Siquiera hemos oído que a esta altura de los acontecimientos, en donde se advierte el ingreso al país de una importante cantidad de vacunas, desde la obra social se haya dado inicio a un relevamiento que permita requerir con irrefutable fundamento la vacunación de personal presencial que se encuentra más expuesto en el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos”, señaló.
La AMFJN consideró que la situación demanda “directivas modernas, activas y no reactivas, cercanas a los/las socios/as y su entorno familiar, que eviten que el afiliado deba lidiar con angustiosos escollos burocráticos además de su problema de salud, que satisfagas las prestaciones obligatorias, y que garanticen un trato respetuoso y cordial de su dirección”.
