Por Marianela Mayer / Télam
A casi medio siglo de la legalización del aborto en Estados Unidos, la interrupción legal del embarazo (ILE) se vio fuertemente amenazada este año con una embestida récord de restricciones en 47 de los 50 estados del país, mientras que su protección flaquea ante la Corte Suprema más conservadora de los últimos 90 años y una promesa de defensa aún débil del gobierno del demócrata Joe Biden.
Nunca el histórico fallo de Roe contra Wade, que despenalizó el aborto en 1973 al considerarlo un derecho protegido por la Constitución estadounidense, había sido desafiado tantas veces en tan poco tiempo en el país.
“Solamente este año hemos visto cerca de 600 intentos de prohibición al aborto en más de 45 estados”, dijo Alejandra Soto, directora de Comunicación y Medios Latinos de la Federación Americana de Planificación Familiar (PPFA).
Si bien los defensores de los derechos reproductivos lograron frenar la mayoría de estas medidas en los tribunales, unas 97 fueron promulgadas, lo que hizo de 2021 el año más “devastador” contra la ILE en Estados Unidos, según datos del Instituto Guttmacher, que denunció una “campaña nacional y coordinada” del movimiento conservador.
“Es evidente que hay una ola conservadora que está buscando interrumpir y frenar el acceso al aborto de distintas maneras”, agregó Soto, quien calificó a la situación de “preocupante”.
Hasta ahora, la Corte Suprema había sido la mejor garante de este derecho.
Pero, hace un año, el entonces presidente republicano Donald Trump nombró a la jueza Amy Coney Barrett en el máximo tribunal y elevó la mayoría conservadora a seis magistrados de los nueve totales, algo que envalentonó a los sectores antiaborto y alarmó a sus defensores.
Estos temores se materializaron el pasado 1° de septiembre, cuando por una mayoría de 5-4 la Corte rechazó suspender la entrada en vigor de una ley del estado sureño de Texas que prohíbe la ILE después de las seis semanas de gestación, incluso en caso de violación o incesto.
Aunque el máximo tribunal no se pronunció sobre su constitucionalidad, alegó “cuestiones de procedimiento complejas y nuevas”, algo que llevó a su presidente, el conservador moderado John Roberts, a unirse a los tres jueces liberales que votaron en disenso.
“La mayoría en la Corte permitió que una ley, que todo el mundo concuerda en calificar de inconstitucional, entrara en vigor debido al procedimiento”, lamentó Elisabeth Smith, directora de Estado y Política de Estados Unidos en el Centro de Derechos Reproductivos, una de las asociaciones demandantes.
Si Texas se convirtió en el primer estado en aplicar una prohibición tan extrema, pese a ser contraria a la sentencia de Roe vs. Wade, es porque al concebir la medida creo una especie de “paseo procesal” para poder escapar a la revisión de los tribunales federales, explicó Smith.
Su mayor particularidad recae en que el estado no se ocupa de velar por su cumplimiento, sino que delega ese rol en los ciudadanos al invitarlos a denunciar por la vía civil a las clínicas que realizan abortos después de ese término o a cualquiera que ayude a una persona a efectuarlo y los compensa con 10.000 dólares si la demanda prospera.
“Todas estas son las cuestiones de procedimiento en las que están trabajando los tribunales federales”, precisó.
En consecuencia, en el último mes efectuar un aborto se volvió prácticamente imposible para las casi siete millones de mujeres en edad reproductiva residentes en Texas, un 10% del total del país.
Incluso si una mujer se entera que está embarazada antes de las seis semanas, algo que es difícil de saber para la mayoría, en Texas debe afrontar otras barreras, como una cita previa de consejería o el consentimiento de los padres en caso de ser menor.
“Están atando a la gente de manos”, afirmó Soto, quien señaló que la clínicas de PPFA ubicadas en el suroeste del país han recibido un fuerte incremento de pacientes texanos.
Tras la negativa de la Corte Suprema, Biden prometió lanzar un “esfuerzo de todo el gobierno” para revocar la polémica ley texana y garantizar el derecho al aborto en el país.
Para ello, abrió dos frentes: el judicial, con una demanda del Departamento de Justicia contra el estado de Texas que busca declarar la normativa como inconstitucional, y el legislativo, con un ambicioso proyecto que pretende no sólo legalizar el aborto por esta vía, sino también derogar la enmienda que impide el financiamiento público de la ILE.
La medida logró una histórica media sanción en la Cámara de Representantes en Washington, algo hasta hace poco impensable, pero tiene pocas probabilidades de obtener la luz verde del Senado.
Los activistas coincidieron en subrayar la importancia de estos avances “sin precedentes”, pero también consideraron que es necesario un mayor “énfasis” en la respuesta del gobierno.
“Necesitamos que asuman su discurso y prediquen con el ejemplo, pasando realmente a la acción para mejorar el acceso al aborto”, explicó Serra Sippel, directora de Promoción Global de la Federación Internacional de Planificación Familiar en el Hemisferio Occidental (Ippfwhr).
El caso de Texas ha alentado a otros estados conservadores a seguir sus pasos, mientras que un nuevo desafío a Roe vs. Wade tendrá lugar el próximo 1° de diciembre, cuando la Corte Suprema escuche al estado de Mississippi, que pidió abolir el fallo de los años 70 para poder aplicar una prohibición al aborto después de las 15 semanas de embarazo.
“Los grupos opositores están bien financiados. Persiguieron su meta de derrocar Roe contra Wade durante décadas y no pararon, consiguieron el apoyo de los políticos”, señaló la responsable de Ippwhr, que deploró la falta de una cultura de derechos humanos en la política estadounidense.
Pero este escenario hostil también multiplicó las acciones de las organizaciones, que continúan su defensa del aborto en las legislaturas, tribunales y calles, además de tejer nuevas redes y difundir campañas de concientización.
“Creo que esta situación generó un gran llamado de atención en los estadounidenses”, dijo Sippel y concluyó: “Espero que nos unamos a la marea verde de América Latina para que el aborto sea más accesible y no menos”.
Los defensores del aborto legal unen sus fuerzas para evitar su derogación
La embestida conservadora contra el aborto en Estados Unidos llevó a los defensores de este derecho a multiplicar sus acciones para garantizar su vigencia en todo el territorio, que se vio amenazada tras la entrada en vigor en septiembre de una cuestionada ley en Texas, que prohíbe la interrupción del embarazo después de seis semanas, incluso en caso de violación o incesto.
La principal batalla se está jugando en los tribunales para defender el fallo Roe vs. Wade que la Corte Suprema emitió en 1973 y despenalizó el aborto por considerarlo un derecho protegido por la Carta Magna.
“Estamos haciendo todo lo posible en Estados Unidos para argumentar por qué el derecho al aborto debe mantenerse”, dijo Serra Sippel, directora de Promoción Global de la Federación Internacional de Planificación Familiar en el Hemisferio Occidental (Ippfwhr).
Otro de los frentes es el legislativo, donde el gobierno del demócrata Joe Biden consiguió media sanción de un proyecto que busca no sólo legalizar el aborto, sino también derogar la enmienda que impide su financiamiento con fondos públicos.
“Es un trabajo cuesta arriba presentar estas leyes ante el Senado (…) Pero no nos desanima que no se logre una victoria, porque mientras más vayan avanzando estas leyes en la Cámara de Representantes, más presión supone para el Senado”, señaló Alejandra Soto, directora de Comunicación y Medios Latinos de la Federación Americana de Planificación Familiar (PPFA).
La avalancha de restricciones al aborto promovidas a lo largo y ancho del país llevó también a muchas ciudades y estados a tomar medidas para garantizar y ampliar el acceso a este derecho, y no depender así solamente de lo determinado en la vía judicial.
“Antes los estados se enfocaban en otras prioridades, pero ahora vieron que necesitaban también proteger el derecho al aborto en la legislatura estatal”, explicó a esta agencia Elisabeth Smith, directora de Estado y Política de Estados Unidos en el Centro de Derechos Reproductivos.
Tal fue el caso de los estados de Nuevo México, California, Hawái, Virginia, Washington, Colorado y Connecticut, mientras que algunas localidades del país están dedicando fondos públicos para las personas que necesitan servicios de aborto, como en Portland, Nueva York e incluso en la capital de Texas, Austin.
En tanto, las asociaciones defensoras de los derechos reproductivos redoblaron sus esfuerzos para encontrar nuevos aliados y concientizar a la población estadounidense sobre la gravedad de la situación.
“Debemos seguir informando a la gente para que dejemos de votar por políticos que en vez de proveer servicios, al contrario se dedican a crear barreras”, señaló Soto.
Según una encuesta elaborada en septiembre por la Universidad de Monmouth, un 62% de los estadounidenses está a favor de mantener la sentencia de Roe vs. Wade.
“Estamos construyendo coaliciones más amplias y obteniendo cada vez más apoyo de otros sectores porque la gente se está dando cuenta de que el acceso al aborto es parte del sistema de salud y si uno apoya el acceso a la salud, debe apoyar el acceso al aborto”, destacó, por su parte, la responsable de Ippfwhr.
La defensa al aborto también se trasladó a las calles, donde ayer centenares de miles de personas salieron en más de 600 ciudades del país para pedir a los políticos que la interrupción del embarazo no sólo sea legal sino también accesible y sin estigmas.
Además, con motivo de la reanudación de las audiencias en el máximo tribunal, una nueva marcha tendrá lugar mañana frente a la sede de la Corte Suprema en Washington, en la que también participarán organizaciones que militan las campañas a favor del aborto legal en América Latina.
