Un grupo de madres de Santa Fe participan este miércoles de una audiencia pública habilitada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para definir sobre una demanda que en 2018 hizo la agrupación Mamás Cannabis Medicinal (Macame) con el fin de obtener el permiso para el autocultivo sin necesidad de control estatal.
La segunda audiencia pública convocada por la Corte en lo que va del año estará dedicada al recurso presentado por dos integrantes de Macame ante el revés obtenido ante la Cámara Federal de Rosario a la que acudieron en representación de sus hijos menores de edad, solicitando que se despenalice completamente el autocultivo de cannabis con fines medicinales para tratar las afecciones que ellos padecen.
«Hay que entender que la planta es una y aun sigue habiendo presos por plantar. Hay una deuda muy grande con nuestros cultivadores, que son quienes se llevan la peor parte. Se habla de cannabis medicinal, pero siempre terminás recurriendo a una ONG al momento de hacerte atender. Si vas a una obra social, no te van a atender si no tenés epilepsia refractaria. Tenemos una deuda vinculada a la salud pública», planteó Carina Prieto, una de las Madres que se Plantan que participa de la jornada de este miércoles, en comunicación con Conclusión antes de ingresar a la audiencia pública.
«En esta audiencia trataremos hacer entender que se necesita un trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones. Siempre entendiendo que hay que regular el cannabis y la salud, buscando lograr que esto sea para todos y no quede limitado a una cuestión elitista. Que pueda llegar a estar en nosocomios públicos, privados u obras sociales», agregó.
Durante la audiencia invocarán sus argumentos cuatro de los 20 amigos del tribunal -entre los que se encuentra el CELS-, además del Procurador General de la Nación, la Defensora General de la Nación, y las partes involucradas.
“Se abordará un tema sensible en relación a dos cuestiones: el derecho a la salud en general y de niños y niñas en particular, y el otro es la criminalización de aquellas personas que cultivan para procurarse medicamentos», adelantó el director de litigio del CELS, Diego Morales.
Por su parte, el coordinador del Área Política de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal (APP) Andrés Bacigalupo explicó que “lo que se está discutiendo es la facultad que tienen las familias, madres y padres para cultivar cannabis con fines terapéuticos sin control del Estado” para el tratamiento de problemas de salud de sus hijos a partir de aceites elaborados de manera artesanal con lo cosechado.
“Lo que discutirán es la obligatoriedad de tener que inscribir a los niños en un programa de experimentación para obtener el aceite (industrial) de manera gratuita por parte del Estado o en el Registro del Programa Cannabis (Reptrocann) para acceder al cultivo controlado de la planta de cannabis en sus casas”, agregó en momentos previos a la audiencia.
A partir de la sanción de la Ley 27350 de 2017, su reglamentación y diferentes resoluciones accesorias del Ministerio de Salud se estableció que las personas con patologías contempladas para el tratamiento con cannabis medicinal, pueden acceder a éste de dos maneras: mediante la disponibilidad del aceite fabricado industrialmente -ya sea a través de la adquisición, la provisión por obras sociales y prepagas, o suministrado de forma gratuita por el Estado a partir de la inclusión del paciente en el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis- o mediante el autocultivo habilitado solo para quienes estén inscriptos en el Reprocann, que permite tener entre 1 y 9 plantas florecidas a partir de prescripción de un médico también inscripto en esta base de datos.
“Hay dos cuestiones: la primera es que la ley habilita al Estado argentino a entregar de manera gratuita el cannabis por motivos de salud solo en aquellos supuestos en que la persona se someta a procesos de experimentación que podrían afectar tu integridad física y psíquica”, dijo Morales.
“La segunda es que el Reprocann tiene regulaciones que no impiden que la Justicia criminalice a los autocultivadores inscriptos, porque vos podes hacer el pedido de inclusión pero no necesariamente este reconocimiento es inmediato. Por otro lado, es un reconocimiento vigente solo por un año, un límite que pueden habilitar la criminalización” en los lapsos no cubiertos, agregó.
De hecho, el estudio reciente del CELS muestra que a fines de 2020 fue detenido un hombre que cultivaba cannabis para su esposa con epilepsia refractaria en el partido bonaerense de San Miguel, y a principios de 2021 “un cultivador solidario de cannabis con fines medicinales y su hijo estuvieron 20 días privados de la libertad” en Carhué.
Las Madres que se Plantan festejan la realización de esta audiencia pública. Así lo describieron en declaraciones a Conclusión antes de ingresar al encuentro con el Máximo Tribunal. Además destacan la participación de la provincia de Santa Fe. «El Gobierno de la provincia está como querellante y después participa el Colegio de Abogados; el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF); y otros actores vinculados a la parte científica y médica», repasó Prieto.
FUENTE: conclusion.com.ar
