Una delegación del Ministerio de Salud de la Nación, encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, se reunió con el titular de la cartera sanitaria de Salta, Juan José Esteban, para celebrar la firma del convenio de adhesión a Ley 27.611, conocida como Ley 1000 días, y presentar los lineamientos estratégicos priorizados de la iniciativa que busca garantizar el acompañamiento y la asistencia durante el embarazo y los primeros tres años de vida de niñas y niños.
Tirado destacó “el desafío que significa como Estado poder articular políticas para llegar más eficientemente a la población”, junto al trabajo intersectorial “para que no solo se genere mejoras en los indicadores, sino también reconocer al cuidado como un derecho y profundizar ese aspecto de la corresponsabilidad en las tareas desde las familias, las comunidades y las instituciones”.
Luego, la funcionaria detalló los avances logrados en la provincia con la distribución del complemento nutricional Fierritas, una de las estrategias de la Ley 1000 días para la prevención integral de la anemia infantil. Al mismo tiempo, Tirado convocó a los presentes para llegar a toda la población y alcanzar la correcta adhesión al tratamiento porque “prevenir la anemia está estrechamente ligado al desarrollo infantil y la ventana de los 18 meses, pilares fundamentales de la ley”.
Para finalizar, la secretaria de Acceso a la Salud destacó el rol preponderante que tienen los ministerios y organismos integrantes de la Unidad Coordinadora 1000 días en el cumplimiento de los derechos que promueve la Ley 27.611. “En la Semana de la Prematurez, tenemos que hacer foco en el derecho a la identidad, a la seguridad social, a la salud integral durante el embarazo, el nacimiento y primera hora de vida. Es importante estimular el contacto piel a piel desde los servicios de salud y no ser una barrera”, destacó.
A su turno, Esteban agradeció al gabinete nacional “por el acompañamiento permanente que viene haciendo a los equipos de Salta”. En relación al trabajo articulado y transversal, el ministro sostuvo que la implementación de 1000 días convoca a arbitrar los medios para mejorar y desarrollar políticas públicas que garanticen el acceso a derechos.”
Durante la convocatoria, se realizó una presentación de las políticas priorizadas del Plan, se analizó el avance provincial en materia de indicadores y se realizaron intercambios entre los presentes sobre ejes fundamentales para el cuidado integral y la crianza en corresponsabilidad. En la segunda parte del encuentro, los equipos territoriales y de salud de los tres niveles se reunieron con el objetivo de generar un espacio de intercambio que visibilice las principales problemáticas y los desafíos que propone un abordaje integral del desarrollo infantil, la nutrición, la lactancia y el parto respetado.
La comitiva de la cartera sanitaria nacional estuvo integrada por el director nacional de Abordaje por Cuso de Vida, Marcelo Bellone, la directora de Salud Perinatal y Niñez, Juliana Finkelstein, la directora de Géneros y Diversidad, Candela Cabrera, y la presidenta del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, Gabriela Bauer. Además, asistieron funcionarios y referentes de los ministerios y organismos integrantes de la Unidad Coordinadora 1000 días.
El acto contó además con la participación del secretario de Gobierno, Rodrigo Monzo; la secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad, Itatí Carrique; el secretario de Primera Infancia, Cristian Fernández; la directora de Educación Inicial, Alicia de la Fuente, y representantes de Derechos Humanos, Registro Civil, ANSES, entre otros organismos locales.
Ley 1000 Días
La Ley 27.611 de cuidado integral de salud en el embarazo y la primera infancia amplía derechos de seguridad social, identidad de las personas gestantes, y de niñas y niños en sus primeros tres años, impulsando a los tres subsistemas de salud a implementar un modelo que establece prácticas de prevención y protección, contemplando situaciones específicas de mayor vulnerabilidad. Con una población objetivo de alrededor de 600 mil personas gestantes y 1,8 millones de niñas y niños, la norma promueve una crianza compartida en la cual la responsabilidad por los cuidados de las infancias sea familiar, comunitaria y de las instituciones del Estado.
Entre sus diferentes ejes, extiende la Asignación por Embarazo para Protección Social, desde el inicio del embarazo hasta su interrupción o el nacimiento del hijo o de la hija, siempre que no exceda de nueve mensualidades. A su vez, busca asegurar la provisión de medicamentos para cada etapa, con la incorporación de un botiquín adecuado, leche de fórmula de inicio para la persona recién nacida, kits de cunas seguras y equipamiento para fortalecer los servicios de las maternidades y unidades neonatales.
También sostiene la estrategia de Apoyo Alimentario que establece que la provisión de leche y otros alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable de las personas gestantes, que amamantan durante los primeros seis meses, y a las niñas y niños entre 6 meses y 3 años con cobertura exclusiva del subsector público, pasan a ser mediante una transferencia monetaria incorporadas a la Asignación por Embarazo (AE) y Asignación Universal por Hijo (AUH).
Esta propuesta busca simplificar y nominalizar el acceso de esta política pública, ya que la obtención del beneficio es automática y no es necesario realizar ningún trámite para acceder al mismo. Además, fomenta la corresponsabilidad de las familias perceptoras generando empoderamiento y autonomía, aumentando a su vez las posibilidades de los beneficiarios de elegir los alimentos a consumir y facilitando el acceso a una alimentación variada y acorde a las Guías Alimentarias Nacionales.
FUENTE: Ministerio de Salud de la Nación
