Es uno de los segmentos más afectados por la derogación de leyes: se espera una liberación de precios de esos servicios de atención, además de cambios en la forma de comercializar medicamentos y el fin de las recetas tradicionales.
Mientras corre la cuenta regresiva para el inicio de la vigencia del DNU de desregulación, el sector de la salud se estremece. Es que se convertirá en uno de los rubros más afectados por los eventuales cambios que irán desde la liberación de precios de servicios de salud a cambios significativos en la forma de comercializar medicamentos, el fin de las recetas tradicionales y grandes novedades en materia de farmacias, su formato y responsabilidades.
El peso de las críticas son muchos: desde el propio sector de las empresas prepagas que proponen sentarse a consensuar sus próximos aumentos, a sectores del Frente de Todos como Nicolás Kreplak, ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, que publicó un largo hilo en la red X con su postura. Básicamente, Kreplak asegura que el DNU “es un verdadero retroceso, un atropello provocador, violento y antidemocrático. La construcción de un sistema que garantice más y mejor salud debe ser de manera integrada entre todos los subsectores. Esto (el DNU) rompe el sistema social, perjudica a la población y beneficia a las empresas”.
La Confederación Farmacéutica Argentina (CoFa) tampoco anduvo con vueltas. Según su comunicado, “esta medida pone en riesgo la salud de la población y el acceso de todos a los medicamentos”. Y aclara que, si no hay cambios, “se habilitará la venta libre de medicamentos en la vía pública, kioscos y otros comercios; interpretando que un medicamento de venta libre no es un medicamento, es decir, un producto farmacéutico que debe respetar debidas condiciones de mantenimiento y almacenamiento, y cuya administración responde a la de cualquier otro medicamento, que consumido en dosis inadecuadas puede causar gravísimas consecuencias a la salud de las personas (medicamentos comunes mal utilizados o mal almacenados pueden causar sangrado gástrico, por ejemplo, intoxicación o interacciones graves)”.
El experto afirmó que “se intenta reducir la intermediación, lo cual es positivo, pero quedan dudas respecto al impacto de las medidas: ¿tienden a mejorar la eficiencia, reducen los costos de transacción, van a mejorar la accesibilidad de los pacientes a la atención médica?
Además, recordó que la normativa propuesta no incluye a las obras sociales provinciales ni universitarias, derechos especiales, o el Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados. Tal vez lo más complejo es que no refiere detalles de la garantía de acceso universal (lo detallado en el PMO) para aquellos que no tienen otra cobertura que la pública, ni a mejoras en programas de salud universales (Remediar, SUMAR, etc.). “En definitiva”, concluye su análisis, “aunque algunas de las medidas resultan positivas, parece una visión parcial, sesgada, que no observa un modelo integral”.
