Por Federico Pablo Vacalebre
La insatisfacción de los médicos con sus salarios es una constante en los hospitales públicos e induce a reclamar por más presupuesto. El conflicto en Córdoba (17 de los 30 médicos de guardia del hospital público provincial de Río Cuarto renunciaron porque el salario básico mensual es de apenas $75 mil) nos muestra que no es una cuestión de más presupuesto, sino de mejor gestión.
La modalidad de cómo se instrumentó la protesta y el bajo salario generó una amplia recepción en la comunidad médica y en la población en general. Naturalmente, los bajos salarios son motivo de malestar. Siendo que la administración de los hospitales está a cargo de las provincias, la reacción inmediata es reclamar por mayor participación en los presupuestos provinciales.
La principal carencia de la salud pública no es de recursos sino de gestión
Contemplando que no hay información pública para todas las provincias, se puede hacer una aproximación con base en la provincia de Córdoba y que sea extensible a otras. En los hospitales públicos de Córdoba, hay aproximadamente 4.600 médicos contratados por 35 horas semanales. Deduciendo tiempos muertos y conjeturando que hacen 3 consultas por hora, cada médico podría atender unas 330 consultas al mes.
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Asimismo, viven en la provincia 1,5 millones de personas sin cobertura médica. Por lo que, la cantidad total de consultas que los hospitales públicos de Córdoba podrían atender es de aproximadamente unos 18 millones de consultas por año. Y presumiendo 6 consultas médicas por año por persona, para atender a la población sin obra social, se necesitarían unos 9 millones de consultas por año.
Bajo estos supuestos, la oferta potencial en los hospitales duplicaría las necesidades. Si bien son datos aproximados, sugieren que la principal carencia de la salud pública no es de recursos sino de gestión. Que se contraten más médicos de los necesarios implica que se podría subir el sueldo de los profesionales que trabajan, si se dejara de pagar salarios a los que trabajan poco o no trabajan. En tal aspecto, las fallas de gestión generan salarios injustos porque no permiten hacer un reconocimiento monetario que refleje los muy diferentes niveles de compromiso de los profesionales. Las fallas de gestión son aún más injustas con la gente que debe hacer filas a la madrugada por un turno y con frecuencia termina no recibiendo la atención correspondiente. Por eso es que las guardias están colmadas.
El otro problema es la falta de registro de médicos y pacientes
Los déficits de gestión se plasman en la defectuosa identificación de la gente que los hospitales atienden, de lo que se deriva un débil control de la tarea que desempeña el personal. No contar con buenos registros de los pacientes y del profesional que lo atendió son las dos principales fuentes de injusticias salariales.
Los médicos que trabajan reciben un salario claramente bajo. Mientras que los médicos, que van solo algunos días y atienden algunos pocos pacientes, reciben el mismo salario. La consecuencia son remuneraciones muy bajas para los que trabajan y altas para los que trabajan poco.
En sí, los hospitales públicos necesitan un cambio estructural en su modelo de gestión. Lo que prevalece es una fuerte centralización administrativa en el ministerio de Salud provincial y la tendencia a nombrar como director del hospital a un médico de planta del mismo hospital y no a un administrador de salud profesional. Su función pasa a ser tramitar expedientes para gestionar el personal, la compra de insumos y las inversiones de mantenimiento en las reparticiones del ministerio de Salud.
El cambio debería fundarse en la profesionalización de la dirección para descentralizar la gestión y, con un sistema de personalización de pacientes, monitorear la atención médica. De esta forma, con los actuales recursos, se podría mejorar los salarios de los médicos. El ministerio de Salud de la Nación debería transmutar en una agencia de evaluación y medición de resultados sanitarios, difundiéndolos a la sociedad. Así, las autoridades provinciales estarán sujetas al control y a la presión de la sociedad para mantener la profesionalidad en la gestión de los hospitales públicos y así pagar mejor a los médicos.
(*) Federico Pablo Vacalebre es profesor de la Universidad del CEMA
