El Gobierno extiende el amparo y hay otras 5 prepagas que deberán retrotraer sus precios

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La medida busca resguardar la competencia en “defensa del libre mercado frente a las prácticas competitivas”. Con esta decisión se abarca al 95% de los beneficiarios cubiertos por este régimen.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dependiente del Gobierno Nacional decidió avanzar con una ampliación del listado de empresas de medicina prepaga que deberán retrotraer las subas de las cuotas de sus usuarios implementados en los últimos meses. La medida cautelar ahora comprenderá a cinco compañías más, abarcando a un total de 23 prepagas.

A raíz de las importantes subas en esos servicios que hubo desde comienzo de año, la administración de Javier Milei decidió la semana pasada que determinadas empresas de medicina prepaga deberán pausar los incrementos y devolverlos a los valores del 1 de diciembre de 2023.

Según explican desde la propia SSS, presidida por Gabriel Oriolo, la medida cautelar se basó en “resguardar la competencia en defensa del libre mercado frente a las prácticas anticompetitivas”, como el abuso de posición dominante y exceso en la determinación arbitraria e injustificada del aumento de las cuotas.

La medida cautelar se presenta para que las empresas retrotraigan sus valores al 01/12/2023. Y además se pide que ordene la devolución a los usuarios de lo percibido por encima de la inflación estos últimos cuatro meses.

Las nuevas compañías abarcadas en esta nueva decisión son el Hospital Alemán, el Hospital BritánicoCEMICGrupo DDM SA y el Círculo Médico de Lomas de Zamora. Esta ampliación de la medida cautelar ahora abarca a 23 prepagas que contemplan el 95% de los beneficiarios cubiertos por este régimen.

Las otras prepagas que ya habían sido comprendidas son OSDE, Swiss Medical, Omint, Galeno, Medicus, Accord Salud, Hospital Italiano, Medifé, Sancor, Medicina Esencial, Prevención Salud, Hominis, Avalian, Federada Salud, SIPSSA, OS Pasteur, Jerárquicos Salud y Met Córdoba.

La semana pasada el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado en su habitual conferencia de prensa que por disposición de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía diferentes empresas del sector tendrían que retrotraer los precios y aplicar este el índice de Precios al Consumidor (IPC) para ajustar las cuotas por el plazo de 6 meses.

El disparador de esta batería de medidas se dio luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, asegurara que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media” con los aumentos desmedidos, por lo que había señalado que desde el Gobierno iban a hacer “todo lo que esté al alcance” para defender a ese sector de la población.

Las empresas de medicina prepaga aumentaron considerablemente sus servicios luego de que el Gobierno desregulara el sector a través del DNU 70/23, el cual tenía el objetivo de flexibilizar la intervención del Ejecutivo sobre los incrementos de ese sector. Esto produjo una concatenación de aumentos en los últimos meses, que según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) promedió el 159%.

A la disposición anunciada desde Casa Rosada se sumó la medida cautelar que presentó la Superintendencia de Salud ante la Justicia, para obligar a las empresas que concentran casi la totalidad del mercado de medicina prepaga a retrotraer el valor de las cuotas y a devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre.

Fuentes de Gobierno se justificaron al señalar que las decisiones que se tomaron en la última semana no configuran una intervención del mercado, sino que se trata de una acción que lleva adelante la Superintendencia en su rol de fiscalizador para que se transparenten los indicadores y se garantice la libre competencia.

“El Gobierno desreguló el sistema de salud con el objetivo de que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre Obras Sociales y Prepagas, y con el de impulsar la libre competencia y mayor transparencia entre los actores, para así lograr un sistema más equitativo, solidario y eficiente. Esta es una acción independiente a la medida tutelar por cartelización que también avanza en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”, dijeron desde la Superintendencia de Servicios de Salud.

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