Distintas empresas se presentaron ante la justicia en el amparo que el Estado Nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (S.S.S), interpuso ante el poder judicial contra los aumentos dispuestos a partir de diciembre.
En el expediente ya se presentaron Medicus, Swiss Medical, y Asociación Mutual Sancor para solicitar ser escuchadas antes de que se resuelva sobre una cautelar pedida por el Estado con el objetivo de retrotraer los aumentos de las cuotas que estuvieron por encima de la inflación.
Las empresas cuestionan que el mismo Estado que dictó el decreto 70/2023, desreguló y por ende permitió los aumentos sin control, ahora “se constituye como representante de los afiliados”.
En tanto, Osde, una de las empresas apuntadas en una resolución del Ministerio de Economía, comunicó que la reducción que los afiliados directos verán reflejada en las cuotas será del 22% en abril con respecto al mes de marzo, ya que la empresa cobra por mes vencido.
La pata judicial del conflicto
El Estado Nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, interpuso el recurso de amparo contra 23 empresas de medicina prepaga por los aumentos de las cuotas de los afiliados a partir de la entrada en vigencia del Decreto 70/2023.
También pidió que se implemente un mecanismo de devolución del dinero que los afiliados abonaron por encima de lo que hubiera marcado el incremento inflacionario. Diversas empresas ya comenzaron a presentarse. Swiss Medical aseguró en un escrito ante la jueza Mercedes Maquiera, que los aumentos dispuestos “se encontraron debidamente justificados y obedecieron a circunstancias objetivas perfectamente verificables”.
Políticas económicas restrictivas excesivamente regulatorias
La empresa sostuvo que el análisis de la situación “no puede efectuarse de manera aislada desde la vigencia del DNU 70/23, sino que parte de un desfasaje previo de los precios relativos de los bienes y servicios producido como consecuencia de políticas económicas restrictivas excesivamente regulatorias”
Las prepagas declaran situación de emergencia extrema en el sistema de salud.
Puntualizó sobre el “desequilibrio económico financiero, que llevaron a las Empresas de Medicina Prepaga a una situación de extrema emergencia y a un deterioro de los servicios de salud en todos estos últimos arios de extrema regulación del sector y atraso de valor de cuotas”
Otro de los argumentos fue “el notable atraso que venían registrando los aumentos autorizados respecto de la inflación (inflación en general e inflación médica en particular)”.
Planteo descabellado
“El punto central es que los aumentos cuestionados por la amparista (el Estado) no logran cubrir ese atraso. De allí es que resulta descabellado dejarlos sin efecto o, lo que es peor, solicitar su devolución -mucho menos por vía cautelar”, advirtió la empresa.
La prepaga exhibió en el escrito un cuadro con la evolución “cuota vs inflación”, y el índice de costo de salud entre otros.
Catarata de amparos de afiliados
Luego de la entrada en vigencia del DNU 70/23, que posibilitó los aumentos, numerosos afiliados y asociaciones iniciaron acciones de amparo pidiendo la inconstitucionalidad de los artículos del decreto que dejaron sin efecto el requisito de autorización previa para los aumentos de valores de cuotas.
En este contexto, las prepagas recuerdan que jueces de distintas jurisdicciones dictaron numerosas medidas cautelares que suspenden los efectos de dicha norma y, en consecuencia, ordenaron frenar los aumentos.
Una de las prepagas advirtió que en un “giro dramático” de su argumento, “la Superintendencia que fue debidamente anoticiada de los aumentos y que parecía no importarle verificar o analizar la razonabilidad de los mismos (aun a pedido de esta parte) y en su propia sede, ahora se constituye como representante de los afiliados y demanda a las EMP (empresas) que se encuentran sujetas a su propia fiscalización”
El Estado ratificó el amparo y pedido a la justicia
En tanto, el Estado Nacional ratificó la interposición del amparo, aseguró que la demanda es independiente de la resolución de la Secretaría de Comercio dictada contra siete empresas y reiteró su solicitud de medida cautelar a la justicia.
“La Secretaría de Industria y Comercio, fijó precios para seis meses a futuro, algo que no forma parte del objeto de este amparo”, y “lo actuado por ese organismo, se da en el marco de una investigación en curso. Nada tiene que ver con el objeto de esta acción”, remarcó el gobierno al diferenciar la acción judicial de la resolución de la secretaría que depende de Economía.
Las empresas que fueron apuntadas en el amparo judicial suman 23, aproximadamente el 94,66% del padrón de usuarios del sistema de salud.
