Mendoza oficializó este lunes el cobro de servicios de salud a extranjeros que se encuentren de manera transitoria en su territorio o que estén nacionalizados pero no cuenten con residencia en el distrito. De esta manera, a partir del 1 de agosto, la provincia cuyana se sumará a Salta, donde ya rige una política similar. En Jujuy y Santa Cruz también existen normativas en esa línea.
La medida llevada adelante por la administración de Alfredo Cornejo fue publicada en el decreto 1.266 y considera “no residentes” a los “pacientes de nacionalidad extranjera que se encuentren en las categorías de residentes transitorios y precarios, conforme a lo establecido en el Artículo 24 de la Ley de Migraciones N° 25.871”. “En estos casos, los gastos de la asistencia médica recibida deberán ser solventados por los propios pacientes, con cargo a la entidad pública o privada que brinde dicha cobertura en su país de origen”, asegura el documento.
En diálogo con Ámbito, la titular del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (REFORSAL), Daniela Correa, comentó que el objetivo central tanto de la flamante medida como del organismo que preside “es recuperar los costos de las atenciones que se brinda a los pacientes con obras sociales, prepagas, etc”. “Los mendocinos no tienen por qué transferir recursos públicos a las prepagas. La idea es la recuperación de costos para el sistema de salud público”, señaló.
Al respecto, la funcionaria dijo: “La idea de poder cobrarles a los extranjeros es devolver al sistema de salud también lo que los mendocinos mismos invierten con sus impuestos en el sistema público. Permitirá recuperar parte de los costos asociados con la atención médica, facilitando el financiamiento de los servicios y la manutención de la calidad en la atención a todos los pacientes”. Destacó, además, que la provincia trabajó con su propio nomenclador, lo que permitirá que las prestaciones “tengan valores similares a los del mercado”.
Por otra parte, Correa consideró que “ayudará a reducir el déficit financiero del sistema público, por este costo extra que se gasta en el pago de los insumos de los extranjeros. Eso, de cierta manera, vuelve al sistema mendocino”. Otro de los ejes, indicó, es la reciprocidad con el sistema internacional. “Muchos países también cobran a los extranjeros por los servicios médicos. Eso también nos asegura un trato justo para los ciudadanos locales que pueden necesitar atención médica en el extranjero”, detalló.
En esa tónica, agregó que “al cobrarle a los extranjeros, se evita que los recursos destinados a los residentes locales se vean sobrecargados, garantizando que los ciudadanos locales también tengan acceso prioritario a los servicios de salud. La idea es que estos recursos vuelvan al sistema de salud de los mendocinos”.
Actualmente uno de los problemas más acuciantes de las provincias, en el marco del duro recorte que sufrieron los fondos transferidos por Nación, es la manutención de los sistemas de salud locales. A las dificultades propias del financiamiento se suma además la gran afluencia de pacientes que llegan desde las prepagas. Consultada sobre este aspecto, Correa mencionó que “el sistema de salud mendocino tiene bastante presiones” y que uno de los objetivos del REFORSAL es “centralizar el cobro de la recaudación y devolver al sistema de salud mayor recaudación, transformación digital y eficientización de los procesos”.
“En 2023, en Mendoza se recuperaron $4.800 millones en obras sociales. Mediante la creación del REFORSAL se espera triplicar los fondos”, concluyó.
Salta tomó la iniciativa
A comienzos de año, Salta se convirtió en pionera en el cobro de servicios de salud a extranjeros. La decisión del gobernador Gustavo Sáenz se oficializó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 129 publicado en febrero. El mismo determinó que los extranjeros que pertenezcan a las categorías de residentes transitorios y precarios “contribuyan también a solventar los gastos que genera su atención sanitaria en los centros de salud provinciales ya sea por sí mismos o a través de un seguro de salud”.
La medida contempló que la atención sanitaria a los extranjeros en casos de urgencia o emergencia (cualquiera sea la categoría que éstos revistan) no podrá serles negada ni restringida, toda vez que se trata de una cuestión humanitaria. El Estado provincial arbitrará con posterioridad los medios necesarios para percibir los gastos ocasionados.
Al momento de su publicación, en la gestión salteña hicieron énfasis en “la crisis económica que atraviesa el país” y en las consecuentes “mermas en su erario no sólo por el recorte de las transferencias nacionales sino también por la disminución de la recaudación producida por la propia crisis económica”. Asimismo, se apuntó a que, por limitar con tres países, de manera habitual y constante Salta “recibe una gran cantidad de personas extranjeras que solicitan atención sanitaria, habiéndoseles brindado hasta ahora un servicio de calidad y gratuito, ello en detrimento de los nacionales que muchas veces deben postergar su atención por el colapso del sistema”.
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione.
En mayo, dos meses después de su aplicación, el ministro de Salud local, Federico Mangione, trazó un balance sobre el impacto del DNU. “Antes estábamos con los pasillos colmados de pacientes, y hoy estamos bastante holgados con la atención. El mes pasado, de 3.300 pacientes que se atendían, hoy hemos bajado a 60 pacientes, en Orán. Si eso le ponemos el valor de la consulta, que es de $6.600, nosotros tendríamos que estar ganando más de 23 millones de pesos, solo en consultas”, señaló en declaraciones a Radio Con Vos.
Paralelamente, el funcionario criticó el concepto de “reciprocidad”: “En Salta y en la Argentina tenemos muy buena salud pública. Por eso, no me gusta cuando se habla de reciprocidad con el vecino país, porque ningún salteño o argentino va a Bolivia a hacerse atender. Allá te cobran absolutamente todo. De hecho han fallecido pacientes en la puerta del hospital porque no han querido atenderlos”.
