Sin levantar el perfil, el Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, entró en un cuadrilátero para arrancar un nuevo round contra las prepagas. Una pelea que tiene ejes definidos: fiscalizar funcionamientos, con 280 empresas en la mira, y multar a aquellas que incumplan con normativas, con montos millonarios. A su vez, se encaró un fuerte ajuste.
De acuerdo a lo que pudo reconstruir PERFIL, el objetivo que tiene el área que conduce Gabriel Oriolo para esta etapa es fortalecer su rol fiscalizador y empezar a ver bien de cerca qué pasa con las obras sociales y empresas de medicina prepaga. Fuentes libertarias dicen que eso no sucedió en los últimos años y colocan como ejemplo que las multas por incumplimientos fueron directamente de cero pesos entre 2022 y 2023.
Bajo ese marco, en el oficialismo detectaron que al menos 280 prepagas no cumplieron con procesos administrativos obligatorios y entrega de documentación. Específicamente, no presentaron en tiempo y forma balances, padrones, planes y/o cartillas ante los requerimientos de la SSS. El mensaje fue claro: las entidades que ofrecen servicios de salud deben “ponerse al día” lo más rápido posible, caso contrario se procede a la baja. Existe una posibilidad de que desde Balcarce 50 cuenten en los próximos días qué prepagas están flojas de papeles.
De todos modos, antes de avanzar con la eliminación de una de las entidades, aparecerán las advertencias y las sanciones. Un dato: a partir de este año, la SSS modificó los procedimientos internos de multas tanto para las prepagas como las obras sociales e incrementó las cifras que deberán pagar en caso de no ajustarse a las reglas.
