Donde hay una necesidad, ¿hay un negocio? El Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), del Ministerio de Salud de la provincia, advirtió, ante posibles cobros por aplicación de plasma de personas recuperadas de covid-19 a pacientes contagiados que “la comercialización del plasma es ilegal”, y que “todo lo referido a la selección de donantes, gestión y uso con fines médicos” es de responsabilidad exclusiva e intransferible del organismo. En Santa Fe el tratamiento con plasma para personas que contrajeron el nuevo coronavirus es experimental y gratuito. El ensayo está centralizado y regulado por el Cudaio a través del Centro Regional de Hemoterapia del Ministerio de Salud. Pero a medida que avanza la curva de contagios también lo hacen las denuncias por situaciones de tráfico y comercio. El tema comienza a ser problema nacional e incluso internacional, por lo que, a nivel local, el Cudaio resolvió presentar la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación para que se investigue la posible comisión de más de un delito.
La Argentina fue uno de los primeros países –sino el primero– en comenzar a experimentar con plasma de pacientes recuperados, con la hipótesis de que los anticuerpos que habían generado sus sistemas inmunes podían ser transfundidos y tener efecto en otras personas. En los mismos inicios de la pandemia, una familia de médicos de San Nicolás, los Fernández Viñas –una generación trabajando en red con otra, investigadores residentes en Estados Unidos– tomaron como base al sistema creado por el argentino Julio Maiztegui hace medio siglo en su lucha contra la fiebre hemorrágica argentina, el mal de los rastrojos. “Es un método probado, antiguo y muy simple”, decía Lorenzo Fernández Viñas, ex presidente de la Sociedad de Alergia e Inmunología de Rosario: era a fines de abril pasado y acababan de lograr la hazaña de recuperar a pacientes que cursaban cuadros críticos de covid con plasma inmune. Lo habían obtenido a partir de los apenas 6 casos positivos –todos regresados del extranjero– que había entonces en la ciudad del norte bonaerense, uno de los cuales fue el primer fallecido allí por coronavirus.
Menos de dos semanas después, centros científicos de la provincia de Buenos Aires iniciaban un estudio formal, con 272 pacientes. El ensayo “multicéntrico” se extendió del 15 de mayo al 1º de julio sobre pacientes ingresados a hospitales de la provincia, con resultados análogos a los que había descrito Maiztegui apenas comenzada la década del 70: había logrado bajar la letalidad del mal de los rastrojos de un 30% a un 3%, diez veces.
En los casos de covid-19, aunque su efectividad no es puesta en duda, el tratamiento con plasma inmune –contiene anticuerpos y permite a los pacientes eliminar el virus más rápidamente y limitar el daño– nunca dejó de ser considerado en “etapa experimental”.
Pese a ello –o mejor dicho, por ello– agentes privados vieron ya el filón.
“La aplicación de plasma de convalecientes en pacientes con covid-19 seleccionados es un ensayo clínico que se encuentra en su etapa experimental y su suministro es gratuito para el paciente; así como también la obtención del mismo es sin costo para el efector que lo administra”, remarcó en las últimas horas el Ministerio de Salud de Santa Fe, que también –con esos mismos parámetros– se había abocado a la investigación en sus inicios.
“El Cudaio es la institución oficial que gestiona y controla la donación, procesamiento y distribución del total de unidades de plasma”, machacó la cartera sanitaria. Y recordó que “los establecimientos tratantes del covid-19 reciben las unidades de plasma gratuitamente, por ser éste un tratamiento experimental y en virtud de la ley 22.990 –la ley de Sangre– que prohíbe la intermediación comercial y el lucro en cualquiera de los eslabones terapéuticos del uso de sangre, sus componentes y derivados”.
Además aclaró que el plasma en cuestión “proviene exclusivamente de donaciones de aquellas personas que han padecido covid-19, recibieron el alta médica y cuentan con un determinado desarrollo de anticuerpos, entre otros requerimientos”. En lenguaje llano esto es un doble alerta: cuidado con comprar agua sucia, ya que sólo las instituciones del Estado, primeras líneas en darle batalla al covid, tienen los recursos y equipos para analizar sin lugar a dudas si se trata de “plasma inmune”.
Con todo, la cartera de Salud cierra la cuestión con advertencias específicas y claras. La primera es de absoluto sentido común: “No todos los recuperados de coronavirus pueden ser donantes de plasma, como no todos los pacientes contagiados pueden recibirlo”.
“Junto con la prohibición de cobrar por el plasma, también se desalientan los pedidos individuales, por canales públicos o privados, dirigidos a determinadas personas”, dice en otro tramo.
Y en un tercero, recalca: “El único circuito habilitado es que el médico tratante, tras evaluar la gravedad del cuadro y las características del paciente, solicite la unidad de plasma al Cudaio”,
Finalmente, “en vista del crecimiento constante del número de casos de covid-19 en la provincia, y el consecuente aumento de pedidos de unidades por parte de los efectores de Salud tratantes”, el organismo provincial volvió a hacer un llamado solidario “a todas las personas que hayan cursado la enfermedad” para que “se pongan en contacto para ofrecer su donación”.
En Rosario y zona sur de la provincia, a los teléfonos 472-4700/472-4701/435-6325, y en Santa Fe y zona norte al (0342) 457-2575.
El recibo del desconsuelo
El Cudaio radicó una denuncia en el MPA de Rosario “ante numerosos indicios que señalan que particulares, y especialmente clínicas y sanatorios privados, están realizando transacciones monetarias en torno a la provisión de plasma de pacientes recuperados de covid-19 para pacientes que actualmente cursan la enfermedad”.
“Esta repudiable acción, que encuentra resquicio en la desesperación y la necesidad de la gente, ya está bajo investigación judicial”, informó la corresponsalía local de Aire de Santa Fe, recordando que también está prohibido por ley realizar campañas privadas para solicitar plasma.
“Al igual que la donación de sangre, la donación de plasma es voluntaria y gratuita. En la provincia el suministro y distribución de plasma de pacientes recuperados de covid-19 depende exclusivamente del Cudaio. El organismo ha designado personal médico en unas 30 instituciones a lo largo y ancho de Santa Fe, a cuyo criterio se requiere el plasma y luego el Cudaio lo provee, respetando un protocolo oficial”, recuerda la denuncia presentada en Fiscalía.
La denuncia judicial se entronca con varias otras, una de ellas, triste y reciente de que hizo una mujer días atrás, a poco más de un mes de haber perdido a su esposo, contagiado de covid-19.
Guillermina Aubone escribió una carta de lectores al medio <Actualidad< de Tigre y San Fernando, en el norte del Gran Buenos Aires. En ella relata que su esposo sufría mal de Alzheimer y que había contraído coronavirus: “Con mi hija vivimos una situación muy desagradable cuando nos dijeron en la clínica privada San Fernando que necesitaban aplicarle plasma y que este se podía conseguir en tres lugares: Hospital Posadas, El Cruce y la Fundación Hematológica Sarmiento”.
“Tanto el Hospital Posadas como El Cruce no dan plasma a pacientes de otro lugar, pero la Fundación Hematológica Sarmiento nos dijo que sí se vendía, y que conforme al peso sería de $18.200, pagados en la Clínica Privada San Fernando y una vez conformado el pago, traerían el plasma”.
“Nos vimos con mi hija en la necesidad de pedir plata urgente, corriendo, y llamando nosotros”, recordó la mujer. Y volcó su indignación: “La venta de plasma, como así la de órganos está prohibida, a pesar de todo mi marido murió el 1º de agosto, a lo que yo me pregunté y me pregunto… ¿no aplican plasma a nadie que no pueda comprarlo? ¿tenemos la seguridad que se lo aplicaron?”.
“Por mi caso y por otros anteriores y para que no pase más, es que hago esto público y quiera Dios que alguien ya sea institución del Estado, privada, o simplemente personal, lea esta denuncia y se interese en seguir adelante”, concluye la viuda, con una foto de la factura que tiene en su poder, con el precio que afirma haber pagado.
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