El Senado aprobó esta noche la ley que apunta a garantizar la adquisición de vacunas contra el Covid-19 y la oposición votó dividida por las reservas de varios legisladores ante las condiciones que contempla la nueva norma para los contratos que firme el Estado con laboratorios.
Con 56 votos a favor y 12 en contra, el proyecto que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados fue convertido en ley tras un debate en el que se confrontaron los argumentos a favor de la necesidad de contar con las vacunas y los cuestionamientos hacia varios artículos.
La ley habilita al Estado a aceptar las posibles condiciones que podrían los laboratorios en los contratos de venta, como la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros y cláusulas de confidencialidad o de indemnidad, algo muy criticado por un sector de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal.
Los senadores de ambas bancadas votaron mayoritariamente a favor de la ley en general y se abstuvieron en los artículos 4 y 9, referidos a la «indemnidad patrimonial» ante eventuales «reclamaciones pecuniarias» y la autorización para que los organismos competentes hagan «aprobación de emergencia de las vacunas», mientras que 12 de ellos fueron por el rechazo total.
En nombre del Frente de Todos, la correntina Ana Almirón aseguró que la ley «de ninguna manera se trata de un cheque en blanco» porque «prevé que los convenios pasen por la SIGEN, la AGN y las comisiones de Salud del Senado y de Diputados, que juzgarán la conveniencia de los acuerdos firmados por el Ministerio de Salud».
Almirón subrayó que «las cláusulas de confidencialidad se refieren a la entrega y el stock» de vacunas y señaló que «pueden o no estar en los convenios que va a celebrar el Ministerio de Salud».
Además, tras señalar que a nivel mundial hay «gran demanda» de vacunas y «oferta insuficiente», la senadora defendió que la ley «tiene que ver con otorgar una herramienta al Ministerio para que pueda hacer las gestiones pertinentes».
En tanto, la santacruceña María Belén Tapia (Juntos por el Cambio), que fue una de las que rechazó el proyecto, explicó: «Comparto el anhelo de toda la humanidad de contar cuanto antes con una vacuna contra el coronavirus. Las vacunas son un instrumento indispensable para la salud pública.
Sin embargo el proyecto adolece de graves falencias». Así se refirió a las condiciones contempladas en el proyecto al tiempo que agregó: «Me pregunto por qué piden esto las industrias farmacéuticas y por qué estamos tan dispuestos a dárselo?».
La cordobesa Laura Rodríguez Machado, del mismo interbloque, también votó en contra y argumentó que si bien es «una defensora fiel de las vacunas» no está de acuerdo con «obviar los procesos de transparencia del Estado, con una ley que no permite saber si lo que se compra es eficaz».
Las oficialistas Ana María Ianni y Nancy González salieron al cruce al afirmar que les causó «sorpresa» el rechazo a la ley por parte de ese sector de la oposición, al que acusaron de «argumentar para confundir» a la sociedad.
Uno de los que mantuvo una postura intermedia, al votar a favor en general y abstenerse en dos artículos, fue el salteño Juan Carlos Romero del Interbloque Federal, quien por un lado defendió la prórroga de jurisdicción al afirmar que «nadie le va a vender una vacuna al país si después tiene que caer a discutir en la Justicia argentina».
No obstante, consideró «una exageración» el artículo referido a la indemnidad porque «libera a los proveedores de cualquier responsabilidad patrimonial o pecuniaria», al tiempo que criticó a los activistas antivacunas al considerar que «es tan absurdo negar los beneficios de las vacunas como decir que la tierra es plana».
En tanto, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, que estuvo entre los que votó a favor, indicó en primer término que «más allá de respetar a quienes tienen reservas, se debe gobernar un Estado con criterio de realidad». «En emergencia, las decisiones se toman y se adoptan como hicieron otros países y en esto no puede haber dudas, se tiene que avanzar, porque la pandemia ha destruido no solo la economía, tiene efectos en la salud, daño psicológico, cercenamiento de libertades», indicó el formoseño.
Al respecto, remarcó que «el paso que está dando el Congreso con esta sanción es necesario, independientemente de las observaciones» de varios de sus compañeros de bancada.
FUENTE: conclusion.com.ar
