El rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y presidente de la Asociación Argentina de Salud Pública (AASP), Arnaldo Medina, afirmó este sábado que “no hay proyecto de país viable sin un programa de salud que lo acompañe” y advirtió que “hay que dejar de lado algunos lugares comunes tramposos como el que propone que los que puedan pagar, paguen, porque la universalidad no es para cuidar individuos sino a la comunidad”.
Medina, exdirector del hospital El Cruce-Néstor Kirchner, de Florencio Varela, y exsecretario de Calidad en Salud de Nación, analizó en dialogo con Télam la importancia y construcción histórica de las políticas de salud pública en el país, al remarcar que pueden “entenderse como la protección de las condiciones necesarias para que personas y comunidades puedan desarrollarse, crecer y vivir en armonía”.
“Bajo esa premisa, al Estado le cabe el rol de garantizar para toda la población el acceso a la salud, que también incluye el acceso a una alimentación nutritiva, a condiciones laborales dignas, a un medio ambiente protegido y a la paz social, porque la Salud va mucho más allá de lo sanitario”, remarcó.
– ¿En qué momento se empieza a pensar a la salud en términos de políticas públicas en Argentina?
– Aunque hubieron mutuales y servicios de salud organizados desde principios del siglo pasado -a través de órdenes religiosas, colectividades migrantes y asociaciones sindicales- el paso decisivo del Estado para tomar protagonismo en las políticas sanitarias se dio con la creación de la Secretaría de Salud en la primera presidencia de Perón y la consagración de la salud como un derecho universal en la Constitución Nacional de 1949. Las políticas sanitarias establecidas por Ramón Carrillo y Juan Perón tuvieron en su concepción un análisis específico de este tema en distintos lugares del mundo; y fue sobre el modelo del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido con el que Argentina empieza a construir un servicio público integrado donde el Estado tiene un rol primordial.
– ¿Cómo incidió este nuevo paradigma en la evolución de la salud pública nacional?
– Es en ese momento cuando comienzan algunas tensiones con el desarrollo de la seguridad social porque algunos sindicatos entendían que debían mantener servicios propios, y eso puede leerse como el germen de las obras sociales. Con el golpe de Estado de 1955 la dictadura impuso una gran desinversión y descentralización de la salud, y es ahí donde cobran protagonismo las obras sociales con un carácter supletorio del Estado. También empieza a crecer el sector privado que durante el gobierno de Perón tenía un rol menor. Del espacio que ocuparon las obras sociales y del impulso que la dictadura de 1955 le dio a una mirada empresarial de la salud privada ya no se puede volver atrás, pero cuando Perón retornó en 1974 impulsó -en el marco del gran acuerdo nacional con el radicalismo de (Ricardo) Balbín- la sanción de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, una de las primeras cosas que eliminó la dictadura en 1976.
– ¿Qué sucedió con la salud pública al retorno de la democracia?
– Algunos de los sanitaristas de origen radical que participaron de la redacción de aquella ley impulsaron durante el gobierno de Raúl Alfonsín la creación de un Seguro Nacional de Salud que no encontró consensos en el Congreso de la Nación porque varios sectores asociaron esa propuesta con la iniciativa de modificar la legislación laboral conocida como “democratización sindical”. En los ´90, con la crisis del modelo del Estado de Bienestar aparecieron propuestas promovidas por organismos multilaterales como el Banco Mundial con ideas muy vinculadas a la privatización de los servicios de salud. En ese contexto, en 1992, el Gobierno argentino emitió un decreto que liberaba a los afiliados de las obras sociales para que trasladen sus aportes al prestador que más les guste.
– ¿Qué provocó esta decisión?
– Rompió con el imprescindible criterio de solidaridad porque los seguros de salud se montaron sobre las obras sociales más chicas para ofrecer algún beneficio extra y se llevaban a los afiliados sanos, dejando con pocos recursos a las obras sociales en las que quedaban los de mayor edad o con más problemas de salud. Fue una privatización encubierta que le hizo mucho daño a la seguridad social. En Argentina, cerca del 4% de los habitantes son abonados a servicios de medicina prepaga cubriendo la cuota de manera personal, alrededor del 8% accede a ellas desregulando sus aportes a la obra social, casi el 60% es cubierto por obras sociales o el PAMI, y más del 35% depende de los servicios de gestión estatal.
– Frente a este escenario, ¿cómo podría ordenarse el sistema sanitario de Argentina?
– Deberíamos avanzar en un proceso de mayor integración de un sistema sanitario que está muy fragmentado porque hay cosas que dependen de la Nación, otras de las provincias y otras de los municipios. Además están los sindicatos, las empresas privadas y las mutuales.
– Hay sectores que proponen como solución la Cobertura Universal de Salud, ¿En qué consiste?
– Durante la presidencia de Mauricio Macri algunos sectores intentaron volver sobre la propuesta de una Cobertura Universal de Salud que antes motorizaron los organismos multilaterales de crédito y la Organización Mundial de la Salud. Pero eso chocó -por un lado- con las sospechas de que por detrás estaba la privatización del sector y, por otro, con que sus impulsores nunca lograron demostrar los beneficios que pregonaban.
– ¿Se puede pensar que a lo largo de la historia las políticas sanitarias se alternaron entre una mirada más integral y solidaria y otra más transaccional y de relaciones individuales?
– Claramente hay dos miradas sobre la cuestión de la salud: una sanitarista, basada en los derechos que le otorga al Estado la responsabilidad de garantizar el acceso a la salud; y otra que entiende a la Salud como un bien de mercado sobre lo que el Estado -lo único que debe garantizar- es su libre intercambio. Desde esta última mirada es que escuchamos a sectores y dirigentes que son capaces de discutir la vacunación gratuita. Hasta hace algunos años era atendible que hubiese discusiones académicas sobre si el Estado debía o no ser protagonista de la salud pública, pero después de la pandemia de Covid-19, incluso en los países con los más fuertes sistemas privados de salud quedó claro que es el Estado el que se hizo cargo de inversiones y políticas estratégicas como el desarrollo y provisión de test y vacunas.
– ¿Qué protagonismo debería tener la salud pública en el debate social, especialmente en contextos electorales?
– En varios países del mundo las políticas de salud son un eje inevitable de los debates electorales, no hay manera de que un candidato a primer ministro en el Reino Unido no explicite su programa para el Servicio Nacional de Salud. En Argentina, en cambio, no se suelen escuchar propuestas sanitarias, y eso llama la atención a quienes estamos convencidos de que las políticas sanitarias cambian la vida a la gente, y no hay proyecto de país viable sin un programa de salud que lo acompañe. En el debate sobre la salud pública hay que dejar de lado algunos lugares comunes tramposos como el que propone que los que puedan pagar, paguen, porque la universalidad no es para cuidar individuos sino a la comunidad. Y, por otro lado, sobran pruebas para contrarrestar el mito de que lo privado es mejor que lo público porque hay muchísimos centros de salud públicos de excelencia y sobran los ejemplos de empresas que sacrifican calidad de atención a los pacientes para mantener su rentabilidad.
