El Gobierno comunicó que no renovará 1400 contratos en organismos y hospitales que dependen del Ministerio de Salud en una medida que atribuyó a la reorganización de esa cartera nacional. Se tratan, según indicaron a este medio, de contratos de la administración pública “que se venían renovando trimestralmente”.
Si bien oficialmente no proporcionaron el detalle por dependencia, señalaron que la decisión alcanza a la planta del propio ministerio, el PAMI, el Hospital Español –depende de la obra social de los jubilados y pensionados– y los hospitales nacionales Posadas, Bonaparte, Sommer, René Favaloro y Cuenta Alta, el Instituto Nacional del Cáncer, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar), la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis-Malbrán), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y el Instituto Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps).
La noticia se hizo pública a través de un comunicado de la Casa Rosada en su cuenta de la red X. “Esta medida se suma al recorte de 30% de cargos políticos realizados durante los primeros días del año y no afecta el normal desarrollo de las funciones de la cartera sanitaria”, escribieron.
El Gobierno justificó la decisión, también, en que “la optimización de los recursos humanos del Ministerio de Salud de la Nación, organismos descentralizados y hospitales nacionales, se realiza en el marco del cambio de sus estructuras y a partir de la identificación de irregularidades en la contratación del personal durante la gestión anterior, a la duplicación de funciones y al incumplimiento de tareas”.
Agregaron que los últimos cierres y las desvinculaciones anunciadas responden a un trabajo realizado durante 2024, para regularizar y optimizar los recursos humanos contratados por Salud y sus organismos descentralizados.
“Las medidas implementadas buscan garantizar la transparencia en la gestión y avanzar en una de las directrices principales del Ministerio de Salud de la Nación que apunta a ser eficientes y cuidar los recursos de todos los argentinos”, finalizaron en el comunicado por la cuenta oficial de X.
Reestructuración
En octubre pasado, el Gobierno anunció un plan de reestructuración del Hospital Laura Bonaparte, que generó una fuerte reacción de sus trabajadores y de los gremios estatales, que denunciaron la intención de cerrar la institución de salud mental. La protesta llegó hasta las puertas de la Casa Rosada, desde donde luego se anunció una “mesa de trabajo” con el personal y se negó el cierre del establecimiento. A eso, le siguió, la decisión del ministro de Salud, Mario Lugones, de echar a los integrantes del Consejo de Administración del Hospital Garrahan porque habían resuelto pagar un bono complementario de $500.000 a todo el personal, medida que generó enorme desconcierto interno tras una sucesión de medidas en reclamo de mejoras salariales.
Luego, para noviembre del año pasado, en la cartera sanitaria nacional confirmaron a LA NACIÓN la decisión en el Gobierno de avanzar a la gestión privada de los hospitales nacionales. Su ejecución, según expresaron, sería “un proceso” progresivo a partir de este año.
El único de los hospitales nacionales que retendría Salud sería el Garrahan “en principio” y los restantes –ubicados en la ciudad, la provincia de Buenos Aires y Santa Cruz– seguirían perteneciendo a la jurisdicción nacional, pero con una administración privada, de acuerdo con opciones que en ese momento dijeron estar analizando, junto con conversaciones con grupos que manifestaron interés. La posibilidad de un traspaso de esos centros a las jurisdicciones donde están ubicados (ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Santa Cruz) habían fracasado, luego de que las autoridades de los tres distritos rechazaran la propuesta o solicitaran que fuera con los fondos que aporta la Nación. El funcionamiento de esos hospitales demanda más de $308.416 millones a las arcas nacionales, de acuerdo con la estimación presupuestaria para 2025.
“Todas las quejas que tiene la gente tienen razón. Los que dicen que los médicos ganan poco tienen razón o los que dicen que los enfermeros ganan poco también tienen razón porque lo que no hay es plata. Se la van robando de a poquito todos los meses un grupo de gente a través de, por ejemplo, las tercerizaciones de las obras sociales”, dijo Lugones, ministro de Salud de la Nación, sobre contratos revisados en la Superintendencia de Servicios de Salud en un encuentro convocado el año pasado en La Rural por la Sociedad Argentina de Cardiología.
Al referirse al Hospital Bonaparte, el funcionario señaló que “por la cantidad de camas que tiene y de consultas que atiende, si lo contrata IOMA [la obra social de la provincia de Buenos Aires] sale $108 millones por mes y si lo hace una obra social, alrededor de $250 millones. Si lo contrata OSDE, costaría $340 millones y, en forma privada, $650 millones. ¿Saben cuánto cobran por mes? $1600 millones. Hay gente que se está llevando la plata y no son los médicos ni los enfermeros. El dinero está, pero no donde la están buscando. Está en otro lado.”
Denuncia
Hace un mes, las autoridades del Sommer denunciaron penalmente a la Asociación de Internados de ese hospital por “manejos espurios y arbitrarios en la gestión de las viviendas asistenciales construidas dentro del predio del establecimiento”. En ese centro, por ejemplo, ya se habrían desvinculado a 150 contratados dentro de la medida anunciada hoy y podrían llegar a 400 hasta marzo próximo, según trascendió de parte de los gremios que nuclean al personal de la Administración Pública Nacional.
“El proceso de refuncionalización responde a las nuevas competencias del Ministerio y el redireccionamiento de las políticas sanitarias. Se detectaron varias situaciones de irregularidad vinculadas a la duplicación de funciones, el incumplimiento de tareas y la contratación de personal durante la gestión anterior. Una de las directrices principales [del Ministerio] es ser eficientes y cuidar los recursos de todos los argentinos”, enumeraron desde la cartera sanitaria.
Confirmaron, además, que tanto el Ministerio como los organismos dependientes ya habían empezado a notificar al personal sobre las no renovaciones de contratos. “No se resienten servicios en ningún organismo –sostuvieron ante la consulta de LA NACIÓN sobre esa posibilidad dada la cantidad alcanzada por la decisión oficial–. Las posibilidades de contrataciones dependen de cada organismo y tendrán que estar en relación al decreto que prevé que cada tres bajas, se pueda incorporar un trabajador.”
La decisión puso en pie de alerta a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Este gremio, más combativo, anunció “un plan de lucha” frente a lo que considera despidos y, a la vez, denunció “precarias condiciones de contratación que ningún gobierno corrigió”. Esto es algo que, también, desde hace años vienen demandando los gremios y el personal del Hospital Posadas debido a que es una situación que no les asegura la estabilidad en el empleo y alcanza a profesionales y técnicos por igual.
Hace dos semanas, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que su par nacional había cerrado áreas clave para la gestión del sistema de salud, junto con coordinaciones, que eran cargos políticos. Kreplak nombró las direcciones de Géneros y Diversidad; Recursos Físicos; Municipios y Comunidades Saludables; Investigación en Salud; Interoperabilidad, Estándares y Desarrollo; Integración del Sistema de Salud; Equipamiento Médico y Arquitectura Sanitaria; Salud Familiar; Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse); Uso Apropiado de Antimicrobianos; Zoonosis; Tuberculosis y Lepra; Hepatitis Virales; Integración de Información Sanitaria y de Vigilancia Epidemiológica por Laboratorios. Lo cierto es que, en el nuevo organigrama, gran parte de esas funciones se fusionaron con otras áreas –y habrá que ver cómo operan– o cambiaron de nombre, como la Dadse.
FUENTE: La Nación
